Dispusieron la destrucción de más de mil armas de fuego confiscadas 

 El Poder Judicial de la provincia de Corrientes informó ayer que llevó adelante un operativo de gran envergadura para retirar de circulación una cifra superior al millar de armas de fuego. Esta acción, que culminó con el envío de los dispositivos para su destrucción definitiva, se enmarca en un compromiso sostenido por las autoridades judiciales para garantizar que los elementos decomisados en procesos penales no regresen a las calles y pierdan para siempre su capacidad de daño. El destino final de este cargamento fue el Banco Nacional de Materiales Controlados, ubicado en la localidad de Villa Maipú, dentro del partido bonaerense de San Martín, donde se procedió a la recepción formal del material bélico.

El operativo, que se extendió durante una semana de intensa labor logística entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo, permitió la entrega de un total de 1068 armas de fuego. La composición del lote reflejó la diversidad de elementos incautados por la justicia correntina a lo largo del tiempo, abarcando desde armas cortas y largas hasta los denominados dispositivos de fabricación casera o tumberas, los cuales representan un peligro adicional por su inestabilidad técnica. Junto con las armas, el Poder Judicial remitió una cantidad significativa de componentes relacionados, incluyendo más de diez mil cartuchos intactos, dos mil vainas servidas y varias decenas de tambores de revólver, completando así un retiro integral de suministros balísticos.

La trazabilidad de estos elementos es el resultado de un trabajo coordinado entre los distintos juzgados penales que operan en el territorio provincial. Una vez que un arma es decomisada en el marco de una causa judicial, ingresa bajo la órbita de la Oficina de Elementos Secuestrados, donde se inicia un riguroso proceso administrativo y técnico. Este procedimiento se rige estrictamente por la Ley Nacional número 25.938 y su correspondiente adhesión provincial a través de la Ley número 5.732, normativas que establecen los protocolos obligatorios para el manejo, almacenamiento y disposición final de materiales controlados.

Para el traslado seguro del armamento, se conformó una comisión integrada por agentes especializados de la justicia provincial y personal de logística. La custodia durante los cientos de kilómetros de trayecto fue fundamental, tarea que recayó en efectivos de la Policía de la Provincia de Corrientes, quienes aseguraron que el cargamento llegara a destino sin incidentes. Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la colaboración interinstitucional para cumplir con los objetivos de desarme.

Desde la conducción del Depósito de Elementos Secuestrados se enfatizó que este tipo de envíos no solo responde a una necesidad logística de liberar espacio en los depósitos judiciales, sino que constituye una decisión política orientada a la pacificación social. Al transformar armamento activo en material inerte, se elimina cualquier riesgo de sustracción o extravío. En este sentido, Corrientes ha logrado posicionarse como un modelo de gestión a nivel federal, recibiendo el reconocimiento de los organismos nacionales por el orden y el rigor técnico en la clasificación de sus inventarios, lo que permite que los procesos de control sean ágiles y altamente eficientes.